Hace unos meses, analizando el anteproyecto de Ley de Transparencia avisaba de la importancia que tenía para los criminólogos el hecho de que se incluyera el acceso a la información pública relativa a  todo lo relacionado con la seguridad pública y nacional, así como todo aquello relacionado con el ámbito penal. Desgraciadamente, el proyecto de ley ha entrado ya al Congreso de los Diputados para que se realicen las pertinentes modificaciones, de las que podemos esperar cualquier cosa y probablemente ninguna buena.

Del proyecto de ley, poco más que añadir que no hubiera dicho, aunque creo que se define bien en este párrafo de un excelente artículo del Pais que describe con crudeza la realidad de esta ley que de transparente no tiene nada:

“Si alguien quiere saber cuántas violaciones se han producido en España, o cuántas malversaciones, o estafas bancarias o robos en joyerías y estancos, tampoco podrá, porque el anuario estadístico de delincuencia no ofrece esa información de forma desglosada. En EE UU, por ejemplo, esos datos son tan públicos que una inmobiliaria los ofrece en un mapa señalando los delitos cometidos en cada barrio para que el comprador de una casa sepa el índice de criminalidad que se registra en su nuevo distrito.”

Hace tiempo que dejé de prestar atención a las cifras de delincuencia en España porque es practicamente imposible realizar valoración alguna con la información que se pone a nuestra disposición. Y no porque no la haya, que la hay,  sino porque nuestros gobernantes siguen desconfiando del ciudadano y del uso que puedan hacer de la información, por lo que prefieren guardarla bajo llave. Añadiendo  otro detalle más en relación con lo que que comenta el artículo del Pais sobre Estados Unidos: si acudes a gran parte de las bases de datos que ponen a tu disposición verás como, además de proporcionarte toda la base estadística que necesites, te ofrecen diferentes recursos para poder analizar los datos, aparte de proporcionarte herramientas para la creación en pocos segundos de gráficas o mapas de delincuencia.

Los políticos españoles saben dos cosas: que la información es un instrumento de poder, y que la seguridad ciudadana es uno de los pilares para obtener la confianza de una parte de la población. Como el ciudadano suspicaz no puede rebatir la información y los mensajes en torno a la delincuencia que ofrece el Gobierno, es difícil que pierda credibilidad, además de poder ejercer el engaño sin que nadie note nada.

Cuando hablo del futuro del criminólogo, suelo mostrar siempre un enfoque positivo a pesar de la situación. Sin embargo, que esta ley siga adelante es una muy mala noticia. Con Gobiernos tan cobardes y desconfiados como éste (o los anteriores, al caso son uno y lo mismo) será mejor que empecemos a buscar otras salidas.