Hace unos días, un artículo del New York Times nos adentraba en un posible riesgo que conllevará la introducción de impresoras 3D en la sociedad. Anticipándose al problema, Nick Bilton, autor del artículo, reflexionaba en torno a algo que se dará en cuestión de tiempo: la posibilidad de imprimir de manera sencilla un arma. En el texto ya se mencionan  algunos intentos fructíferos, y teniendo en cuenta que el precio de estas impresoras no es excesivamente elevado para el potencial que tiene (ya se pueden encontrar algunos modelos de impresora 3D por unos 500 dólares) creo que adelantarse al dilema antes de que se extienda es lo más acertado. 
Creo que se trata de un tema que requiere una reflexión criminológica exhaustiva, y a la que quizá haya que empezar a darle vueltas desde ya, antes de que nos pille por sorpresa. La pregunta es ¿Qué debería hacer el estado ante esta posibilidad? Aquí van algunos planteamientos a vuelapluma.
¿Debería controlarse el uso de impresoras 3D? El planteamiento, por ejemplo, sería el de implantar un método de control que impidiera a la impresora fabricar ciertos objetos, pero ¿no se estaría presuponiendo un uso ilícito de algo que en realidad es un producto neutral?  ¿Que pasa con esa inmensa mayoría de la población que usaría dichas impresoras siempre de forma legítima? ¿Verían controladas todas sus impresiones, atentando peligrosamente a algunos derechos fundamentales en pro de la seguridad?

¿Son posibles los instrumentos de control sobre la fabricación de armas con impresoras 3D? Tengamos en cuenta que la fabricación se produciría con la misma facilidad con la que una persona se descarga un archivo mp3. Y ya sabemos que ninguna de las persecuciones de las discográficas sobre estas descargas ha mostrado hasta ahora reducir el consumo de los mismos. A la vez, la proliferación de herramientas antitracking podría hacer imposible el control por parte de los cuerpos de seguridad, que verían como aquellas personas realmente interesadas en hacer un uso inadecuado de las impresoras no tendrían excesivos problemas a la hora de ocultar sus actividades.
Derivado de lo anterior ¿serviría de algo la introducción de nuevas tipologías penales a efectos preventivos cuando se constatara que realmente no hay posibilidad de controlar dicha actividad? ¿Qué harán gobiernos como el nuestro, tan mal acostumbrados a hacer del Código Penal su reforma criminológica por excelencia, cuando vean que su única estrategia de prevención es realmente inútil?
A día de hoy, los intentos de controlar la red por parte de muchos países supuestamente democrácticos (España no es la excepción) toman cada vez más fuerza, y uno de los argumentos que se esgrime es el de  la necesidad de controlar la red en pro de la seguridad ciudadana. ¿Podría ser la impresión 3D la gota que colme el vaso, y la que provoque que la red neutral que conocemos ahora deje de ser tal?
Países como Estados Unidos, donde la obtención de un arma de fuego es tarea fácil y donde la ley es bastante laxa, difícilmente sufrirán cambios en el impacto que en la delincuencia tienen las armas de fuego (ya tienen suficientes armas, me remito a lo dicho hace unos días). Sin embargo, en países con una cultura armamentística y una legislación en torno a la concesión de licencias de armas de fuego más estrictas como España, ¿cómo podría verse afectado el posible uso de las impresoras 3D a los efectos indicados? ¿Veríamos por ende un aumento de crímenes violentos? ¿Mayor índice de homicidios consumados? ¿Podría producirse un aumento en el número de personas que poseen un arma en casa como instrumento de defensa, o el factor cultural seguiría siendo lo suficientemente poderoso como para persuadir a la población de la impresión de las mismas, más allá de los mecanismos de control que pudiera introducir el estado para evitar que se propagara una tendencia así?
Por supuesto, no hay respuestas claras a lo que deberíamos hacer ante una situación como la que nos encontraremos en menos tiempo del que pensamos. El asunto de la impresión de armas se encuentra en una discusión mucho más amplia y que todavía sigue sin tener argumentos tajantes a favor o en contra: hasta qué punto el estado puede anticiparse al delito restringiendo la libertad de los ciudadanos, y qué derechos deben prevalecer sobre esa soberana obsesión por la seguridad. El debate criminológico debe ponerse en marcha con urgencia en busca de soluciones.