Recientemente más de 100 altos cargos de los cuerpos de seguridad pública de Estados Unidos se reunieron con los estamentos políticos en aras a debatir la escalada de violencia que se está produciendo en muchas de sus poblaciones tras más de 20 años de descenso en las estadísticas.

Uno de los aspectos que salió a debate es lo que bautizaron como «Youtube Effect», y que se refiere a que muchos policías actúan con menor contundencia ante el temor de convertirse en el nuevo fenómeno viral por hacer un uso excesivo de la fuerza. En los últimos meses hemos podido ver cómo diferentes policías eran grabados actuando con una contundencia fuera de lugar a ojos del espectador, y que ha derivado en algunos casos en acusaciones de homicidio. Ante el miedo a arruinar su carrera ante una actuación policial desmedida, han avisado de que están actuando con menos agresividad. No entraremos a valorar si este efecto promueve una actuación policial más o menos adecuada a los problemas de delincuencia de Estados Unidos, sino que pretendemos mostrar cómo el fenómeno de la grabación a agentes de seguridad tiene un efecto directo sobre su comportamiento.

En España hemos tenido recientemente un debate en torno a las limitaciones a la hora de grabar a nuestros cuerpos de seguridad. Se ha dicho que la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana prohibía la grabación a nuestros cuerpos de seguridad. Sin embargo, esto no es del todo cierto, si bien en su artículo 36.23 establece que:

«El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información.»

Independientemente de la ambiguedad de esta norma, su elaboración no es gratuita ni arbitraria, sino que responde a la necesidad de protección de los efectivos policiales, que pueden ver puesta en riesgo su integridad física y la de su familia si se promueve una caza de brujas sobre ellos. Ya hemos hablado en otras ocasiones del poder pernicioso que tiene la red, donde se hace un juicio paralelo al de la justicia legal, y donde el acoso y derribo sobre una persona puede llegar a tomar tintes de amenaza, incluso aunque no se esté seguro de estar acusando a la persona correcta.

Ante ello, que exista una respuesta legal que intente limitar ese efecto se comprende mejor. Ello no implica que no se deban tomar medidas que promuevan la transparencia que más de una vez hemos reclamando dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero una cosa no quita a la otra.

De todo ello lo que sí debemos tener presente es que el fenómeno de la vigilancia masiva no se efectúa solo desde el plano estatal, sino que también se ejerce por parte de toda persona provista con algún dispositivo móvil. Incluso aunque tu afán por permanecer desconectado del mundo virtual te lleve a recluirte en una cueva, va a ser complicado que nadie dé con tu pista en un momento dado. En una sociedad hiperconectada cada vez va a ser más complicado permanecer al margen de esa realidad, y todas nuestras acciones van a ser revisadas con lupa. Eso, se mire por donde se mire, da bastante miedo.