Ayer Eldiario.es publicaba una entrevista a Javier Fuentes, ex-director del CENDEAC, tras comunicarse la reciente sentencia que declaraba como improcedente su reciente despido. Desde la consejería de educación adujeron que dicho despido se debía a una finalización de contrato, si bien la causa real parece más cercana, una vez más, a las represalias políticas que se quisieron tomar a raíz de un congreso organizado por el CENDEAC titulado “España sin (un) Franco”, uno de cuyos invitados fue Íñigo Errejón. No se trata ni del primer caso de despido político ni del primero al que luego la justicia ha dado la razón. En Balears hemos asistido en los últimos años a la nefasta política de despidos a coste cero, despidos que luego la justicia ha considerado reiteradamente injustificados, obligando por activa y por pasiva a readmitir o indemnizar al personal. El caso más reciente es el de Pere Vicens, al cual el Govern deberá pagarle más de 70.000 euros de indemnización por no readmitirlo (de los más de 600 despidos irregulares, cerca de la mitad presentaron recurso, viéndose reiteradamente respaldados por la justicia).
España lleva sufriendo durante muchos años un mal endémico: los partidos políticos se han apropiado durante mucho tiempo del empleo público, que han manejado por norma buscando sus propios intereses antes que planificar una gestión de las instituciones plenamente enfocada al interés general. Es de una gravedad flagrante que a estas alturas haya puestos de trabajo que se concedan en función de la ideología o de si se posee el carnet de un partido determinado. También es preocupante que los políticos se vean con el derecho a arrimar las narices en lugares cuya responsabilidad no les pertenece, y que se extralimiten en su poder para gestionar nuestras instituciones.
No, España no tiene demasiados empleados públicos. Lo que sucede es que existe un déficit organizacional desde el momento en el que desde los partidos no se duda en colocar en cargos de elevada responsabilidad a gente cuya preparación resulta ser nula pero que sitúan con la finalidad de poder controlar el máximo de estamentos posibles.
Esta situación es especialmente preocupante en las localidades más pequeñas, donde se ha tejido el sistema de tal forma que tanto ciudadanos como políticos asumen como una práctica totalmente normalizada la concesión de cargos enfocada a fines particulares. El manejo del empleo se gestiona, como menciona el propio Fuentes, a través de redes clientelares antes que en pro de la búsqueda de la mejor eficiencia de los organismos públicos.
Un déficit estructural tan importante provoca que nuestras organizaciones estén repletas de empleados que, quemados por el modo con el que se maneja el espacio en el que trabajan y las prioridades alejadas de ofrecer un buen servicio, pierden rápidamente la motivación y, por ende, su eficiencia desciende considerablemente. Personas muy válidas, con talento y vocación por lo público, quedan diluidas dentro del conflicto de intereses con el que se mueven las organizaciones, y provoca la huída de muchos al sector privado.
Sueño con un país donde los partidos políticos no sean empresas de trabajo temporal.
