En un alarde de sabiduría penitenciaria nos encontramos ayer con unas declaraciones de una Maria Antonia Munar al parecer partidaria del abolicionismo en los delitos económicos, que a su entender, “son temas secundarios que se arreglan, precisamente, con dinero» y que “las personas son lo primero”, como si el choriceo de dinero público no afectara gravemente a la vida de las personas. ¿La medida alternativa que propone? Muy sencilla: “devolver el dinero”. Quizá la propia Munar, a la hora de plantear ese postulado, no pensaba en la magnífica solución que podría estar promoviendo, ya que su aplicación provocaría indirectamente una importante descongestión de las cárceles. Probablemente su concepto de delito económico era acotado, solo disponiendo de tal medida alternativa aquellos que saquean con estilo, los que consiguen robarte la cartera mientras presencian un partido en directo de Rafa Nadal en la pista central de Roland Garros. Esos son los que no deberían pasar por la cárcel. O supongo que eso quería decir, perdonen que no me ilusione demasiado.
Pero si en realidad se referiera a todo el conjunto de delitos socioeconómicos: ¿Sabrá Munar que en 2010 había un total de 21.426 reclusos por delitos contra el patrimonio y el órden socioeconómico? Teniendo en cuenta que ese mismo año eran 73.929 los reclusos en las prisiones españolas, estaríamos hablando de aproximadamente un 29% de nuestra población carcelaria que no debería estar en prisión si nos tomamos en serio la afirmación presentada.
Según las últimas cifras, la capacidad de nuestras prisiones en 2010 se encontraba cercana al 97%, al borde de la superpoblación (en Catalunya se encuentra al 111%). Una reducción de la población carcelaria en un 29% implicaría un descenso de la población penitenciaria española tal que ésta conseguiría reducirse a prácticamente el 60% de su capacidad, y que además supondría un importante ahorro para las arcas públicas (si las cuentas que nos dicen son acertadas, el ahorro podría ser de unos 428 millones de euros anuales). Incluso podría, si cabe, plantearse el cierre de alguna de tantas prisiones que empiezan a merecer mención especial ya no por su uso penitenciario sino como patrimonio histórico de España, y que tan poco se adaptan a las necesidades actuales de una prisión.
Munar, antes de que desde el Gobierno pusieran su doctrina en práctica, ya ha pedido sus «más sinceras disculpas por unas palabras que sin duda fueron desafortunadas y que sacadas de contexto pueden dar lugar a malas interpretaciones». Al fin y al cabo, siempre nos quedará el indulto…
Fuente de la imagen: 20 minutos
