Con la reciente masacre perpetrada por James Holmes en Denver, Colorado, pocas siguen siendo las voces que en Estados Unidos claman ante la necesidad de un cambio radical en la regulación de las armas, aún cuando ello contraería unos beneficios directos sobre la prevención de la criminalidad. En el caso de Colorado, éstas son algunas de las políticas de control de armas que NO llevan a cabo:
– Requerir una revisión de antecedentes penales antes de la transferencia de armas de fuego entre particulares.
– Prohibir la transferencia o posesión de armas de asalto y rifles de calibre 50.
– Exigir a los distribuidores de armas de fuego la obtención de una licencia estatal.
– Exigir a los propietarios de armas de fuego la obtención de una licencia, la obligación de registrar las armas que poseen, así como reportar el robo o pérdida de las mismas.
– Imponer un período de espera entre la compra del arma y la posesión de la misma.
– Limitar el número de armas de fuego que se pueden comprar a la vez.
– Regular la venta de munición.
¿Consecuencias? La ausencia de controles más exhaustivos implica que gran parte del mercado armamentístico pase totalmente desapercibido para las autoridades gubernamentales, favoreciendo que ciudadanos como James puedan adquirir, sin miedo alguno a que alguien vigile sus prácticas, tanta munición y armas como crea conveniente. Cabe recordar que todas las compras realizadas por el mismo se llevaron a cabo de manera legal.
Fuente: Colorado State Law Summary
